Estado bifronte y las clínicas – La mitad más uno

El forcejeo entre el gobierno y las clínicas privadas patentiza la compleja relación entre lo público y lo privado en una emergencia que solo acaba de empezar, un desafío de comprensión y de acción de un Estado con débiles competencias, recortadas en el período 1992-2000, y autolimitado en el período siguiente en las funciones que mantenía legalmente.

Sería injusto señalar que el Estado no creció y fortaleció en los últimos años; ha crecido en políticas y en su capacidad proveedora de servicios, un proceso desigual en el que, por otra parte, se ha precarizado lo público. En general, la controversia clínicas/Gobierno resume casi tres décadas de la falta de un Estado que regule y ordene la vida social y complemente de la soberanía popular.

La pandemia ha devuelto la centralidad a lo público, pero este hecho es acompañado de una acusada deformación respecto a la comprensión de los alcances de esa centralidad. Se acepta y reclama que la función del Estado sea asistencial y, en tal sentido, proteja, compense, salve y cure, es decir garantice la vida de la gente; pero se cuestiona que para cumplir ese rol a cabalidad, ese mismo Estado deba regular, ordenar, reordenar, controlar y promover, más aún en el contexto de una grave emergencia.

Para enfrentar esa falta de comprensión no es necesario recurrir al relato bélico −”El Estado decide las prioridades porque estamos en guerra y punto”− sino al Estado Social y Democrático de Derecho (TC peruano dixit, con lo que concuerdo), cada vez más acentuadamente bifronte en un país con desigualdad, que hasta poco era, sin embargo, de renta media, con mejor ingreso en la costa y en las grandes ciudades pero con severos déficit de ingresos y bienestar en la sierra, el campo y amazonía.

Es explicable que este rasgo bifronte incomode, especialmente en una economía social de mercado con prioridades no siempre equilibradas. Aunque no debería perderse de vista la opción ideológica que subyace en la resistencia al papel regulador del Estado, el patrimonialismo (Jorge Basadre lo llamaba sultanismo) que se considera propietario del Estado y entiende lo público como un privilegio. Lo que está en discusión en la controversia entre las clínicas y el Gobierno no es la falta de libertad de movimiento de los privados, sino del Estado para gestionar políticas públicas que deben ser más universales durante una emergencia.

El atraso respecto a la importancia de lo público puede aparecer −otra deformación− como parte de la disputa derecha/izquierda, pero lo cierto es que revela la falta de apropiación de una visión liberal del Estado de parte de sectores privados. Por esa razón, es explicable que en Chile, Alemania o Irlanda se coloque rápidamente la salud privada a disposición de la gestión pública, y que en el Perú la discusión recaiga en el derecho a la propiedad y no en el interés público. Los liberales terminan de chavistas y los patrimonialistas de demócratas.

Es también cierto que en esta controversia juega un papel decisivo la falta de voluntad política del Gobierno para, con las normas existentes, subordinar el interés privado al interés público, de modo que tardó dos meses en lograr un resultado perfectamente legal y legítimo, a lo que se agrega el uso temerario del artículo 70 de la Constitución. La regulación inoportuna o reordenamiento al límite de la confusión es precisamente la negación del interés público.

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