La izquierda de todos los derechos

La República

La mitadmasuno

25 de agosto de 2017

Juan De la Puente

La izquierda se ha
empezado a diferenciar en relación a la huelga magisterial, del mismo modo que
ocurre en relación a Venezuela. El centro de esta divergencia no reside en las
demandas salariales, legítimas en los maestros, sino esencialmente sobre la
evaluación magisterial.

Un importante sector
de la izquierda se hace eco de la demanda de la dirigencia de la huelga que
intenta relativizar la evaluación con la consigna conocida de que el profesor
que no pasa las evaluaciones y no responde a las capacitaciones no debe ser
retirado del magisterio. Desde una visión que no trasciende de la defensa de
los derechos laborales, este sector privilegia el salario y la estabilidad.

He leído, sin embargo, el comunicado del Comité Impulsor de
Nuevo Perú y que incluye a su bancada parlamentaria, y he encontrado el germen
de una propuesta más racional y equilibrada que defiende al mismo tiempo el
salario, la evaluación, la capacitación y el financiamiento eficaz de la
educación pública.

Encuentro que esa visión intenta dar respuesta al temperamento
ciudadano que se ha mostrado más coherente que la mayoría de especialistas,
políticos y medios, especialmente aquellos que han desarrollado una repentina y
sorprendente afinidad con el sindicalismo. En los ciudadanos, según la encuesta
reciente de Ipsos, es muy patente el equilibrio salario/calidad, por lo que no
sorprende que el 56% se muestre de acuerdo con la huelga y que el 94% se
pronuncie en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la
meritocracia.

La apuesta populista que presenta dos caras –salario sí,
evaluación no; o calidad sí con bajos salarios– no se advierte en los
ciudadanos. Al contrario, premunidos de un amplio conocimiento del tema (más
del 90% está informado sobre la huelga y sus demandas) se aprecian sólidos
porcentajes que indican que los peruanos creen que los maestros reclaman por
convicción (69%); que están de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas
(67%); que están en contra de que las huelgas incluyan ataques a los locales
públicos y privados (93%); que no se les impida trabajar a los que quieran
hacerlo (76%); y que a los huelguistas se les debe descontar los días que no
trabajan (70%).

No podría decirse que esta opinión pública ha sido formada a
propósito de esta huelga y que estas percepciones expresan el triunfo de alguno
de los bandos que se radicalizan en uno y otro sentido. Se trata de una
percepción premunida de un entendimiento más inclusivo de los derechos y más
responsable que las vanguardias sindicales, políticas y mediáticas.

La piedra de toque de esta brecha entre el populismo de buena
parte de las elites y la coherencia de los ciudadanos –la teoría dice que
debería ser al revés– es el enfoque de derechos. Siendo más directos, un sector
social y político persiste en asumir la lucha por la vigencia de una parte de
derechos, recusando e ignorando los otros. Así, se demanda derechos sociales
pero se relativizan los derechos políticos; se reclama el derecho a la
propiedad violentando los derechos ambientales; se exige la protección de la
libertad de empresa pero se ataca el derecho de propiedad de los pueblos originarios;
o se reclama el derecho a producir y transformar bienes para la venta, pero se
desconocen los derechos de los consumidores.

En estas semanas hemos visto una versión mayoritaria de la
izquierda que insiste en la reconocida legitimidad del salario pero que
subestima, más allá del discurso, el derecho de los escolares a una educación
de calidad. Este desfase tiene su origen en una deficiente asimilación del
enfoque de derechos que presume que en la hipótesis de un conflicto entre
derechos –que existe y al que no habría que temerle– se precisa de una adecuada
ponderación, un estándar que tiene décadas de existencia como formas de
asignación de bienestar en base al interés público, la ponderación de las
necesidades insatisfechas, la proporcionalidad de las capacidades del Estado y
el pacto social entre los trabajadores y el Estado.