A un año de la elección regional

http://larepublica.pe/politica/1133550-a-un-ano-de-la-eleccion-regional
La República
La mitadmasuno
20 de octubre 2017
Juan De la Puente

Dentro
de un año se realizarán las elecciones regionales y municipales y la tendencia
indica que sus resultados no significarán grandes cambios, incluso si se
concretase la erradicación de las organizaciones políticas locales (OPL) y se
instale una valla del 40% para que un candidato sea elegido en primera vuelta
como gobernador regional (ahora es 30%).
Si
no se produce un giro estratégico, las elecciones no alterarán las condiciones
de la descentralización porque no empoderarán a élites capaces de impulsar el
proceso iniciado el 2002, esencialmente porque estas élites no existen o
porque, debilitadas, en la mayoría de casos han sido arrinconadas en los
últimos procesos electorales por liderazgos ultrapersonalistas y plutocráticos.
En
las elecciones se jugará el recambio de gobiernos debilitados, casi todos
acosados por la ineficiencia, desorden y altas cuotas de corrupción. Son dos
periodos de gobernadores regionales cuestionados por las mismas razones con las
que se cuestiona a los políticos nacionales.
El
grueso de los desaguisados lo han hecho los movimientos regionales de la
segunda generación, que sucedieron a aquellos que iniciaron el proceso hace 15
años, ninguno de los cuales sobrevive en el poder o en la oposición. La cancelación
de la reelección implicará en este caso una forzada alternancia y la
imposibilidad de darles continuidad a los pocos movimientos nuevos con un
desempeño reconocido, como el que lidera la gobernadora Yamila Osorio de
Arequipa, por ejemplo.
Las
plazas regionalistas clásicas, como Cusco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac
o Pasco, con votaciones tradicionales a favor de la izquierda, se han dividido
a través de una competencia feroz con tonos fiscales y judiciales, concurrentes
con una fragmentación política que favorece la fragmentación social. La
movilidad de los actores regionales es tan impresionante como la de los
nacionales.
La
crisis de representación tiene también rostro regional y local. Los actores
informales y legales dominan este espacio de poder incluso aupados en partidos
nacionales. Acabados los proyectos de desarrollo esbozados a inicios de la
década pasada, el refugio que implicaron las políticas de identidad también se
revela insuficiente, como era de esperar.
Una
salida estratégica sería el relanzamiento del proceso de descentralización y la
recuperación de la visión de desarrollo regional, articulada a ejes y mercados
regionales. Ello supondría atajar la precampaña que ya se ha iniciado preñada
de ofertas de fierro y cemento, la epidemia desarrollista que ataca a
candidatos a alcaldes y gobernadores sin importarles la vida cotidiana de la
gente. En 15 regiones la anemia se encuentra por encima del promedio nacional
de 43% en tanto, las tasas más alarmantes están en Puno (67%), La Libertad
(61%), Ucayali (58%), Junín (56%) y Madre de Dios (55%).
Las
formaciones políticas nacionales pueden jugar un papel destacado si lo
quisiesen, y por supuesto también el gobierno. La reconstrucción del norte
afectado por El Niño costero no ha sido objeto de un debate sobre las
capacidades regionales, pero en esas zonas el debate electoral ya se ha
iniciado como un interminable festival de ofertas, varias de ellas
incumplibles. En otras regiones, el carnaval de promesas incluye el
nombramiento de los trabajadores contratados, la eliminación de la meritocracia
en la Educación y bonos regionales por desempeño en Salud. Parecería que en una
buena parte de candidatos se ha reencarnado Waldo Ríos, el defenestrado
gobernador de Áncash.

El
pensamiento más atrasado respecto a las regiones predica que la
descentralización ha fracasado. Lo dicen desde una práctica centralista que
arrastra un fracaso –eso sí, un fracaso– de 180 años. Podríamos colegir más
bien que el proceso se encuentra suspendido en el aire y que más allá de los
sueños, y a pesar de ellos, es irreversible. Es falso también que no tenga
efecto en la política nacional, lo que se evidencia apreciando el pasado
político de por lo menos el 60% de miembros del actual Congreso.