Uno de los aspectos más sugerentes del reciente mensaje presidencial fue su convocatoria a un diálogo para un acuerdo que el presidente ha denominado Pacto Perú, un llamado que se realiza en los momentos en que empiezan a cerrarse los espacios de acuerdo por el inicio del proceso electoral.
Es significativo el uso de la palabra pacto añadido al diálogo como resumen de la voluntad de trascender del contacto infructuoso, el principal rasgo y limitación de los diálogos sostenidos en el Perú los últimos años al asumir los retos de la gobernanza. No se propone esta vez un tipo de diálogo de choque y fuga. La relación diálogo-pacto es un cambio respecto a los anteriores diálogos con pocos resultados llevados a cabo en este gobierno y en los anteriores, relaciones circunstanciales y con ocasión de problemas específicos o para allanar el camino del voto de la confianza de los gabinetes. Por esta razón es entendible que una parte de la elite peruana reaccione con escepticismo frente a la propuesta; otra parte reacciona desde la tradición –y adoración– autoritaria.
El presidente fue genérico en relación al anuncio; señaló sus cinco áreas (el sistema unificado de salud, la calidad educativa, el crecimiento económico, la continuidad de la reforma política y del sistema de justicia y la lucha contra la pobreza) y que será debatido y acordado con los partidos políticos.
La propuesta será desgranada en los próximos días, aunque conviene tener en cuenta los riesgos. Ello conduce a la creación del escenario. Sin escenario no hay pacto.
Es crucial que todo el Gobierno quiera un pacto, de lo que no estoy muy seguro por expresiones escuchadas en las últimas horas. Este requisito es de primer orden, al evitar que la convocatoria sea obstaculizada accidental o expresamente desde dentro. Esta condición debería ser absuelta en la presentación del gabinete al Congreso. Si todo el Gobierno no está dispuesto a avanzar en esa dirección, tampoco habrá pacto, luego de lo cual se nos deberá notificar sobre cómo se logrará reactivar y reconstruir el país sin un acuerdo.
Entre las condiciones actuales, ahora con mayor sentido que antes, es insuficiente un nuevo acuerdo nacional reducido a los partidos representados en el Congreso. Al contrario, debería abarcar también a los partidos que participarán en el proceso electoral y a la sociedad civil, diversa y extendida, con sectores y territorios que gozan de gran legitimidad, con demandas frecuentemente poco recogidas por la política. De hecho, en el contexto peruano un acuerdo que no incluya a los empresarios, sindicatos, organizaciones de mujeres, pueblos originarios, grupos agrarios, a las cámaras de comercio y a las regiones, carecerá de interés y eficacia. El actual Acuerdo Nacional es una excelente plataforma de base para un renovado contrato social.
A pesar de los riesgos, la posibilidad de celebrar un nuevo pacto es promisoria precisamente por la cercanía del proceso electoral. De hecho, su sola suscripción les daría a los actores un reconocimiento de madurez porque representa la última oportunidad del sistema político peruano para dotarse de una hoja de ruta compartida para salir de la crisis y de la pandemia. Incluso en la posibilidad de un acuerdo reducido y con escasa llegada, este momento amerita y merece una visión compartida.
