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La República
La mitadmasuno
11 de agosto de 2017
Juan De la Puente
En los años 80, Sendero Luminoso asesinaba a los dirigentes
populares porque sostenía que la única función de los sindicatos y
organizaciones sociales era anunciar y sostener la “guerra popular”. Quienes
demandaban mejores salarios y bienestar eran traidores que merecían ser
aniquilados. Con ese pretexto fueron asesinados centenares de dirigentes del
SUTEP y profesores universitarios. Me acuerdo ahora de tres de ellos, amigos
míos y compañeros: Cirilo Meza Porta, sutepista y alcalde de Tantamayo
(Huánuco) asesinado en 1984 frente a sus alumnos; Fermín Azparrent, antiguo
dirigente magisterial, alcalde de Huamanga, asesinado en 1989; e Iván Pérez
Ruibal, asesinado cuando preparaba sus clases en la universidad del Cusco, en
1991.
El terrorismo, derrotado militarmente, se ha reinventado políticamente.
Y tiene éxito. Sendero Luminoso es ahora la fuerza más dinámica y en alza en el
movimiento sindical peruano; forma parte de una tendencia amplia y radical en
la que caben otras expresiones maoístas o posmaoístas cuyos rasgos son: 1) una
firme recusación de las dirigencias sindicales de la izquierda tradicional; 2)
un programa extremadamente economicista que aborrece las políticas públicas de
mejora de la prestación de los bienes públicos; y 3) una política de alianzas
pragmática, de pactos inimaginables contra el enemigo común, según sea el caso.
Esta práctica tiene
como resultado la formación de una nueva representación sectorial y local que
se ha hecho nacional con la huelga magisterial actual, la más importante
movilización social autónoma de los últimos años, y que consolida una
penetración sostenida en universidades, minería informal/artesanal, grupos
cocaleros y sindicatos en el sector público.
Frente a este fenómeno, algunos intentan apreciar la huelga
magisterial con el esquema convencional de la correlación interna del SUTEP,
celebrando los reveses del partido político que dirige este sindicato. Otros,
entre ellos el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y parlamentarios,
respaldan su economicismo basados en las legítimas expectativas salariales de
los maestros, sin exigir a sus dirigentes un compromiso con los estudiantes y
con la calidad de la educación. Es la micro-política llevada al conflicto
social.
Este es un momento de ruptura y redefinición en los movimientos
sociales, donde se aprecia por un lado la afirmación de tendencias con enfoques
de derechos –sobre todo ambientales y de género– y, por el otro, la recreación
de opciones populistas desinteresadas de reformas; populares, claro, pero que
no dejan de ser populistas.
Esa debería ser la matriz del debate respecto a los conflictos
actuales. La simplificación de algunos análisis (diálogo vs. no diálogo, SUTEP
oficial vs. bases) impide una reflexión sobre ciertas tendencias regresivas. Si
bien es injusta la acusación de que todos los maestros en huelga son
simpatizantes del MOVADEF, un análisis objetivo debería indagar más sobre por
qué grupos que se niegan a condenar el terrorismo como método político dirigen
a miles maestros peruanos, y qué razones existen para que los maestros acepten
esa dirección. En ambos hechos hay lugar para el asombro, a lo que se agregan
otros como el respaldo de gobernadores regionales corruptos que no tienen ni
idea de un proyecto educativo regional.
En 1972, en el Cusco,
una ofensiva básicamente economicista y enfilada contra el gobierno de Juan
Velasco, bajo el impulso del maoísmo, el aprismo y otros grupos, fundó el SUTEP
como alternativa al otro sindicato magisterial, el FENEP, iniciando el bloqueo
de los cambios que el gobierno militar pretendía en la educación. Ahora, 45
años después –con epicentro por coincidencia localizado también en el Cusco–,
el maoísmo y posmaoísmo, derrotados militarmente y renacido sindicalmente, han
descargado un golpe demoledor al SUTEP oficial, pero han dejado seriamente
afectada la reforma magisterial, la más importante de las últimas décadas.
Espero que lo sucedido no anuncie una refundación regresiva del sindicalismo y
el abandono de una política pública de la calidad educativa.
