USTED ESTÁ VIDEOVIGILADO

En China existen más de 200 millones cámaras de videovigilancia, a razón de una cámara por cada 7 habitantes. En el Perú, no llegamos a ese número, pero es probable que tengamos ahora mismo unas 100 mil cámaras en poder de la policía, municipios, dependencias públicas, vehículos de transporte masivo y negocios abiertos al público, a razón de una cámara por cada 300 peruanos.

La videovigilancia en el Perú progresa a pasos largos. Por ejemplo, el año 2015 las municipalidades tenían 3.500 cámaras, cantidad que aumentó con rapidez; el año 2016 eran 4.600, el 2017 llegaban a 5.200 y el 2018 a más de 7.500. En un aumento superior al 40% por año, a falta de datos del INEI sobre el 2019, es probable que hayamos superado las 10 mil cámaras en los 300 municipios que usan estos dispositivos de vigilancia.

Son cinco las ciudades fuertemente videovigiladas –Lima, Callao, Trujillo, Arequipa y Cusco– aunque los reportes sobre su utilidad arrojan una baja eficacia, sea por falta de integración con la investigación del delito o por el monitoreo de imágenes. Hay ciudades donde a un especialista le confían la revisión de 20 cámaras a la vez, por encima del rango recomendado.

Una cámara ha permitido que se sepa con detalle lo sucedido con el camión cisterna que causó el terrible incendio en Villa El Salvador, lo que fue decisivo para la investigación; pero otra grabación fue la razón de un abusivo allanamiento de la vivienda de la periodista María Teresa García, del diario Expreso, a la que un fiscal y 40 policías pretendían obligar que entregue un video que, se dice, la policía se lo había pedido en un procedimiento al parecer carente del procedimiento debido.

Ahí reside la colisión de procesos y derechos en este punto, donde se encuentran el derecho a la seguridad y el derecho a la intimidad, lo que nos lleva a la pregunta que se hacen en otras partes del mundo sobre hasta qué medida de nuestros derechos estamos dispuestos a sacrificar por nuestra tranquilidad y de qué tamaño es la puerta al abuso que estamos preparados para abrir.

En Chile, en abril pasado, diversos colectivos ciudadanos se pronunciaron contra el Sistema de Televigilancia Móvil que puso en marcha el Gobierno de Piñera, mediante el cual los drones vigilan el espacio público con el fin de combatir la delincuencia dotados con cámaras de tecnología de reconocimiento facial y capacidad de grabar y transmitir las imágenes en tiempo real. En Lima, por lo menos dos municipios distritales, San Martín de Porres y La Victoria, cuentan con cámaras de reconocimiento facial, violando la Ley de Protección de Datos Personales.

Debe prestarse atención a los vacíos alrededor de la videovigilancia. Las sucesivas normas hasta el decreto legislativo Nº 1218 del año 2015, y otras posteriores, no resolvieron problemas básicos como la filtración de los datos íntimos de los videos o la cadena de custodia en el caso de investigaciones. Avanzamos con celeridad; ya se reconoce un nuevo derecho, el derecho de videovigilar, pero también el deber de colaboración de quien vigila a través de un video. Algunos especialistas (Erick Iriarte, Javier André Murillo, Carlos Guerrero, entre otros) han alertado sobre peligrosas zonas grises. El Ministerio de Justicia acaba de expedir un directiva sobre el tratamiento de datos personales en la videovigilancia. Solo es el inicio. No olvide, usted está videovigilado.

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