Conversar, pactar y no pactar – La mitad más uno

El nuevo gabinete realiza una ronda de diálogo con los partidos de cara a su presentación en el Congreso, un ejercicio saludable en un país que, contra la idea extendida, no dialoga con frecuencia, dialoga generalmente luego de una áspera tensión o prefiere el contacto epidérmico sin acuerdo.

Carecemos de una tipología del diálogo, aunque podríamos avanzar alguna clasificación provisional. Desde la recuperación de la democracia se ha experimentado hasta cuatro tipos de diálogo destacando en ellos el diálogo nacional con consenso o pacto, algunos de los cuales son emblemáticos: el Acuerdo Nacional 2001-2002, el diálogo que llevó al CERIAJUS, el vasto encuentro entre los años 2012-2014 alrededor de la demanda marítima contra Chile en La Haya, y la elaboración de los planes nacionales por el CEPLAN.

Otro tipo son los diálogos políticos procedimentales, casi siempre bilaterales, sin método y agenda, cuyo propósito es allanar el voto de confianza de los gabinetes o superar un recodo difícil y específico. Es útil, cierto, pero es recurso desgastado y manido como excusa para evitar los grandes consensos explícitos o pactos de Estado, un ejercicio reducido para una demanda más amplia.

Se tiene luego los diálogos sectoriales o territoriales con consenso y acuerdo, con componentes políticos y sociales, cuyas expresiones significativas fueron la concertación agraria y por la competitividad en la década pasada, los mejores momentos del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), los consejos de ministros descentralizados en los gobiernos de ToledoGarcía y Humala, y los GORE y Muni Ejecutivo del gobierno de Kuczynski y el actual. En este rubro caben las seis políticas de Estado promovidas por el Acuerdo Nacional añadidas a las 29 fundacionales y las agendas trasversales de la sociedad civil.

Están finalmente los diálogos en los conflictos sociales con escaso acuerdo, en una dinámica de fuerza y consenso. Un ejemplo: la Defensoría del Pueblo registró en junio de este año 190 conflictos, de los cuales dos tercios se encontraban en proceso de diálogo, aunque 50 de ellos pasaron al diálogo luego de un hecho de violencia. Según la Defensoría, entre marzo y junio no se resolvió ningún conflicto social y en el primer semestre se resolvieron solo dos.

Las expectativas por un Nuevo Acuerdo Nacional se diluyen con rapidez. Una parte de la élite peruana cree que un nuevo pacto es innecesario y depositan todo en el liderazgo. Esta preferencia emocional (“qué firmeza”, “qué valiente”, qué carácter”) es un espejismo de consumo fácil en etapas dramáticas si no es acompañada de una demanda de acuerdo y agenda común. Por si acaso, en nuestras crisis prolongadas, las aprobaciones son contagiosas y en este momento, desde hace tres meses, todos los poderes registran aprobaciones a la baja porque el liderazgo sin instituciones y sin pacto no sirve para gestionar etapas extremadamente críticas.

A 18 años de la suscripción del Acuerdo Nacional (22-7-2002) que concretamos luego de 10 meses de generosa participación de los partidos políticos y la sociedad civil sirva la oportunidad para recordar que las políticas de Estado están al límite del agotamiento por el impacto de la gran depresión que afecta el país, y que un liderazgo de Estado –si aspira a serlo– debería procurar un compromiso nacional amplio y explícito sin el cual la reconstrucción será más lenta y dolorosa.

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