Las nuevas relaciones – La mitad más uno

Los 107 días de la cuarentena han transformado radicalmente la política peruana, aunque en sentido distinto a lo imaginado. Los cambios son progresivos y regresivos y no todo ha cambiado, y menos en lo que se suponía. Los economistas vuelven a acertar y las predicciones políticas a errar; se esperaba una gran innovación y una crisis económica menos grave, y en cambio se tiene poca innovación y una gran depresión.

El 15 de marzo ingresamos a la cuarentena con incertidumbre, unidad y cooperación. Salimos de ella con desconfianza, polarización y desprotección. Es otra incertidumbre, resultado de lo que ya sabemos y podemos. Y no podemos.

Se experimenta una lenta incubación de la crisis política. Es increíble que eso suceda con 300 mil contagiados y 30 mil muertos entre oficiales y no registrados. El porqué se relaciona con la transformación más importante, la primera, la indiferencia, que se abre paso según la última encuesta del IEP publicada por La República, y que reporta una opinión ciudadana tolerante sobre lo realizado en los primeros meses de la pandemia.

No existe un juicio severo de los resultados, aunque el respaldo al poder ha caído significativamente. Las aprobaciones escindidas del desempeño del Estado implican el desgaste pasivo de las autoridades, aunque también la reinstalación de la resiliencia colectiva por memoria. El auge de la cooperación comunitaria, familiar e intrafamiliar es impresionante. Millones venden, compran, apoyan, reciben y dan. En la tele-resiliencia se dan cita decenas de miles de redes de interacción. Los puntillosos dirán ¡Ay la informalidad!, No, es la sobrevivencia.

El segundo cambio es la (re) instalación de un nuevo eje nacional, la economía y sus múltiples elementos –empleo, salario, hambre, crédito, deudas, servicios– contra la predominancia de la corrupción y la reforma. Como el 2016, cuando se instaló ese eje, el sistema no está preparado para esta transformación.

En este punto, la gestión pública es un problema que recicla la crisis. Entre el 1 de febrero y el 3 de julio, el Estado expidió 1416 normas de rango nacional, regional y local, entre leyes, decretos legislativos de urgencia y supremos, y una variedad más amplia de resoluciones, directivas y ordenanzas, en seis áreas: 1) emergencia política; 2) salud pública; 3) protección social y derechos; 4) reactivación de la economía; 5) acceso a servicios esenciales; y 6) control.

El sector público está rumiando esta normativa. Demasiadas normas para poco Estado. Es entendible que el planeamiento de las políticas públicas en una etapa inédita se retrase, a lo que se agregan los problemas tradicionales de ejecución. Luis Arias Minaya hacía notar hace poco que la contracción de la inversión pública en junio fue casi igual que la de mayo (-69% y -74%, respectivamente). El Estado no se ha reabierto completamente.

El tercer cambio es el retorno de la pobreza y el hambre como variables públicas decisivas. Con 30% de pobreza –es decir, 3 millones de nuevos pobres, 10 millones en total– y más de 2 millones en hambre, la protección social debería ser central. Al ser atendida insuficientemente esta demanda, pasa al ámbito de las propuestas políticas, alimentando todas las soluciones, incluyendo las populistas, que no caen del cielo. No creo que haya algún país con 4 millones de empleos perdidos y exiguos bonos, sin una prédica populista en ascenso. En tanto, el gasto público en subvenciones a personas se contrajo en junio (-72) respecto a mayo (también Arias Minaya), evidencia de que se acabaron los bonos antes de terminarse la cuarentena.

Ya está claro que la pandemia no implicará la reconstrucción del orden que encontró el virus. En eso consiste el cuarto gran cambio, en que la política carece de una respuesta para la crisis como parecía en marzo. Tiene relatos, algunos con más peso que otros –la reactivación a cualquier costo, por ejemplo– pero no se tiene agenda como hoja de ruta. Aún con cuestionamientos, las instituciones económicas (MEF, BCR, SUNAT) se están haciendo cargo de la gran depresión, pero las instituciones de la política no. Es curioso que sea el presidente del BCR quien se empeñe en pedir más bonos y ampliar Pensión 65, mientras la mayoría de partidos legislan para ellos y las comunidades amazónicas agonizan de Covid y hambre.

El último cambio, quizás como punto de aterrizaje, es el límite del Estado. Hemos llegado a este punto por el Estado, el poco que tenemos y que ha entregado lo que podía entregar, lo que los ciudadanos intuyen más que los actores públicos. El sistema ha resistido la primera etapa de la pandemia y quizás resista los otros embates, aunque el costo será alto con el pueblo como el principal protagonista. No más ilusiones; la centralidad de lo público fue un destello de marzo. Hemos cambiado nosotros, la sociedad, pero no el Estado.

Existe un débil debate político sin participación, sin diálogo y sin acuerdos, aunque el espectáculo es mucho más real; la tele-política está en auge –plenos del Congreso, conferencias de prensa, audiencias, gestión pública y reclamos– pero la movilización es débil. En tres meses, el Parlamento se ha convertido en un opositor, sin proyecto alternativo serio, pero con olfato electoral y 50% de aprobación, una cifra alta para el descrédito legislativo tradicional. Quizás no hemos visto todo. Esperemos unos meses si hay novedades en el populismo de fuera del Congreso.

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