Pandemia, evidencia y gestión

“La respuesta del Estado al aporte de científicos y especialistas independientes es aún desconfiada”.

Desde el inicio de la emergencia, sostenemos la necesidad de una deliberación crítica e informada de los fenómenos que componen la gran depresión nacional. Esta necesidad es complementaria de otra más aceptada, que las decisiones del Estado se sustenten, en lo posible, en evidencias.

Simpatizo con la consigna #SinCienciaNoHayFuturo porque ahora mismo la deliberación pública y las decisiones parecen enfrentadas por el retorno a formas de aislamiento social adoptadas a pesar de la escasa evidencia −salvo los datos sobre movilidad hacia los mercados− como un recurso final frente al rebrote de contagios. Esta decisión incluye un dramático reconocimiento de la ministra de Salud sobre la ausencia de datos.

Se tiene al mismo tiempo el problema de la utilidad de los datos. Registros externos (Corea del Sur es un caso), reportan una relación de 6 a 1 entre los contagios dentro de casa y los de fuera de ella, lo que indica, si se decidiese con base en la evidencia externa, que deberían preocuparnos más las medidas dentro del hogar, las pruebas moleculares oportunas, el trazado de contactos y el aislamiento de la persona contagiada.

Es importante insistir en la falta de respuesta a la evidencia, porque no siempre se aplican las medidas sugeridas desde la certeza. Cuando se inició el desborde de la cuarentena, un especialista (Hugo Ñopo, 7 de abril) puso sobre la mesa el dato concluyente de que el 50% de peruanos carecían de refrigeradoras, por lo que no se les podía exigir que compren alimentos para 15 días. Sobre el punto, no hemos sabido de alternativas además de los mercados itinerantes.

Se aprecia en los últimos días rudimentos de un cambio de estrategia contra la pandemia, aunque el paquete formado por la atención en el primer nivel, los centros de aislamiento y la acción comunitaria para pruebas de campo están en las directivas del MINSA desde el inicio de pandemia. Por lo mismo, las omisiones no pueden explicarse, exclusivamente, por la depresión de los servicios de salud sino por la falta de gestión. Luego de 5 meses, es posible comparar, por ejemplo, la respuesta de EsSalud y la del MINSA.

La respuesta del Estado al aporte de científicos y especialistas independientes es aún desconfiada. El vía crucis del equipo de la Universidad Cayetano Heredia que requiere la validación de pruebas moleculares rápidas es un símbolo de eso. La burocracia enredada es una forma de autoritarismo de la que no deberíamos sentirnos orgullosos.

Finalmente, necesitamos que los puntos de vista que pretenden seriedad se obliguen a la evidencia. Opinión no es sinónimo de análisis, como que crítica no es lo mismo que alternativa. La calificación del especialista −más aún la autocalificación, “llevo en esto tantos años”− es un punto de entrada, y si se carece de información comprobada puede inducir a error a más de uno. Es el caso del médico que desde una radio local dijo a inicios de la pandemia que los contagios bajaban y que el Covid-19 era menos peligroso que las paperas.

El análisis crítico incomoda especialmente cuando devela errores u omisiones. A pesar de ello, por la salud pública, en el doble sentido de la palabra, la política de datos abiertos debe ser profundizada con más indicadores. Es cierto que la Sala Situacional del MINSA se ha ampliado notablemente, pero la Plataforma de Datos Abiertos sigue operando en función de cuatro grupos de datos.

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